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Una convivencia cada vez más complicada

A medida en que la inflación trepa a escalones más altos, cada vez se le complica más al Gobierno la estrategia de convivir despreocupadamente con ella o, al menos, de acompañarla a cierta distancia. El fenómeno se asemeja a esos juguetes inflables con válvula de seguridad en los cuales resulta más fácil insuflar aire que desinflarlos, aunque no se llegue al extremo de que estallen.

Una prueba de esta complicación se encuentra en los progresivos cambios del enfoque oficial, aunque con abundancia de matices. Si existiera una suerte de WikiLeaks interno, revelaría el grado de debate que precedió a este discreto viraje tras el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Hasta hace apenas un mes, la Casa Rosada negaba la existencia de una inflación superior al 24% anual; defendía las estadísticas del Indec (que marcan un aumento inferior a la mitad) y, a través del ministro de Economía, Amado Boudou, llegó al extremo de sostener que sólo afecta a la clase media-alta, pese a ser el único segmento que puede cubrirse adelantando consumos. Ahora, aunque sigue sin mencionarla por su nombre (sólo habla de "tensión" de precios), reconoce implícitamente que el Indec no es confiable para medirla (de ahí el innecesario pedido de asistencia técnica al FMI, más justificable, en realidad, por la necesidad de recomponer su imagen externa); refuerza parcialmente los ingresos de los sectores más castigados y apuesta a un incierto pacto social para tratar de contenerla. Esta amañada forma de admitir el principal problema que amplía la brecha de desigualdad social (y que tampoco puede atribuir a herencias ajenas ni a conspiraciones) no alcanza, sin embargo, para regenerar algo de confianza: por ahora, todo indica que, más que a atacar sus causas, el Gobierno sólo estaría dispuesto a salir del paso hasta las elecciones de 2011.

Una primera evidencia está en el propio diagnóstico oficial. Aunque la expansión del gasto público se ubicó en noviembre cerca del 40% anual y la emisión monetaria supera el 33%, tanto la presidenta Cristina Kirchner como la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, niegan que esta política presione sobre la inflación, ni que impulse la demanda por encima de lo que crece la oferta. En cambio, acusan a las empresas de fijar excesivos márgenes que incentivan la puja distributiva. De ahí que la "solución" sea acordar con empresarios y sindicalistas un tope más bajo (entre el 18 y el 20%) para futuros ajustes de salarios, que evite mayores presiones sobre los precios.

Aquí surge el segundo escollo, más difícil de sortear, porque implica desconocer la amplia experiencia argentina en esta materia y su impacto sobre las expectativas. Cuando se acentúa la inercia inflacionaria, todos los que pueden tratan de cubrirse (con mayores precios o reclamos salariales para compensar la inflación pasada y también la esperada) y terminan por realimentarla, sobre todo cuando la convalidan las políticas fiscales y monetarias exageradamente expansivas. En esta reedición del dilema de si primero fue el huevo o la gallina, un pacto social puede servir como complemento, pero no como sustituto de una política para frenar la inflación, ya que tendría patas cortas. Días atrás, el economista Miguel Angel Broda lo caracterizó con un ejemplo elocuente: sostuvo que en un contexto como el actual, un acuerdo de precios y salarios equivale a recomendarle café con sacarina a un paciente con diagnóstico de diabetes y al que paradójicamente también le recetan comer varios postres al día.

Aun así, el mayor problema en este caso lo tienen los no asalariados, los trabajadores en negro, los jubilados o quienes dependen de la esporádica asistencia del Estado, cuyos ingresos reales van quedando rezagados frente a una inflación más alta. También los sectores no formadores de precios o más sujetos a los altibajos del consumo masivo. Un dato llamativo es que, si se excluye la actividad molinera, las ventas de alimentos y bebidas resultan en los primeros 10 meses de este año un 2% más bajas que en 2009, mientras baten récord las de autos y electrodomésticos (40% promedio interanual) o la actividad turística.

¿Más o menos control?
Al margen de lo conceptual, está el problema instrumental. Un acuerdo social con el Estado como simple anfitrión es un rompecabezas difícil de armar. Si se opta por una pauta salarial única, habrá sectores que podrían superarla sin impacto sobre precios y una contención artificial generará conflictos sindicales. Si, en cambio, la alternativa es buscar acuerdos por sector, se acentuará la actual disparidad entre actividades y gremios con mayor o menor capacidad de presión o cercanía con el Gobierno. En la CGT, tampoco ven con buenos ojos la idea de topes, sobre todo, cuando no pocos sindicalistas enfrentan la competencia de comisiones internas que desconocen su representatividad, promueven huelgas y los empujan a subir los reclamos para no quedar descolocados. Esta perspectiva inquieta a muchos empresarios, pero también la posibilidad de que reaparezca la acechante figura de Guillermo Moreno para controlar la incidencia de los salarios sobre los precios, sin considerar otros aumentos de costos (en pesos y en dólares) en la cadena de producción y comercialización. Otras dudas son si las entidades agropecuarias serán convocadas (especialmente por el impacto de los precios de la carne y sus sustitutos sobre la inflación) y qué tratamiento tendrían en un eventual acuerdo los servicios privados, muchos de los cuales (prepagas, seguros, telefonía celular, expensas, transporte de larga distancia) ya anticipan aumentos de dos dígitos para el verano.

Desde el ángulo político, además, nadie está demasiado seguro de qué podría negociar a cambio de un acuerdo. Ni Hugo Moyano, jaqueado por la Justicia en su obra social; ni la Unión Industrial Argentina (UIA), que busca incorporar a legisladores del oficialismo y la oposición para ampliar el alcance del pacto y comprometerlos en la sanción de leyes para flexibilizar el régimen de accidentes laborales o estímulos impositivos para inversiones.

Una certeza es que, en el año electoral, el Gobierno difícilmente esté dispuesto a resignar ingresos. Otra, que buscará achicar la magnitud de los ajustes salariales en las empresas de servicios públicos para no trasladarlos a tarifas, ni seguir aumentando la cuenta de subsidios indiscriminados. En ambos casos, este margen es cada vez más estrecho, a la inversa de la discrecionalidad con que maneja directamente la relación con los sindicatos de transporte y energía.

Por ahora, la apuesta oficial se reduce a evitar que la inflación se convierta en un pasivo político en 2011 pese al crecimiento de la actividad económica, aunque esta convivencia resulte más difícil de manejar por la incertidumbre que trae aparejada. Con pacto social o sin él, la vía de poner cada tanto más plata en el bolsillo de la gente para apuntalar el consumo se apoya en el aumento de la recaudación y el ingreso de agrodólares. En este horizonte, un nubarrón es paradójicamente la escasez de lluvias, que amenaza con debilitar una cosecha agrícola que prometía batir todos los récords.

Néstor O. Scibona
Para LA NACION
nscibona@speedy.com.ar

Domingo 5 de diciembre de 2010

Fuente

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