La inflación se acelera (25% anual, 2% al mes) y el Gobierno vuelve sobre la idea de un acuerdo con trabajadores y empresarios.
Una concertación de precios y salarios sería un buen instrumento para estos tiempos inflacionarios, ya que una parte significativa (y difícil de precisar) de los aumentos responde a expectativas y conductas precautorias de los formadores de precios que no logran corregirse sólo con las tradicionales políticas fiscal y monetaria. Es natural que ante aumentos persistentes, sea necesaria la aparición de un coordinador -el Gobierno- que envíe señales creíbles para desinflar las expectativas inflacionarias instaladas en la sociedad.
Ahora bien; en los hechos, el "acuerdo tripartito" puede quedar apenas en una expresión de buenos deseos. ¿Por qué? Porque para que funcione debe ser parte de un plan de estabilización de precios que -vaya decisión- lleve al Gobierno a reconocer que la inflación es más del doble de lo que dice el Indec.
Son cuestionables las estimaciones privadas de inflación, seguramente. Pero no la información que dan sobre los precios otras estadísticas oficiales; ¿cómo es posible que la inflación sea sólo 10%, si la recaudación fiscal, las ventas en supermercados o los aumentos salariales crecen entre 25% (salarios) y 35% (recaudación y ventas de supermercados) al año? O el PBI crece 18-20% y no 7-8%, o la inflación no es la que informa el Indec.
Así las cosas, es imposible pensar en un "acuerdo tripartito", como lo llama la Presidenta, sin tener antes un índice de precios creíble sobre el que puedan fijarse los futuros aumentos salariales y establecer los mecanismos de monitoreo de las metas. Volver a creer en las estadísticas del Indec es el primer paso (¡y no es necesaria la ayuda del FMI para eso!). Luego, tener un Banco Central que no piense que cualquier expansión monetaria no afecta los precios y una política fiscal que vincule el crecimiento del gasto a la evolución de los recursos.
Al final de cuentas, el único responsable de la inflación es el Gbierno. Los culpables no son los trabajadores ni los jubilados, que se adaptan a duras penas a la aceleración en los precios y que, en algún momento no muy lejano, empezarán a perder poder de compra. Tampoco los empresarios, cuyas conductas no deben ser muy diferentes de las de sus colegas brasileños o uruguayos, países que tienen inflaciones de 5-6% anual.
Claro que, a un año de las elecciones, el Gobierno difícilmente cambie una estrategia económica que tiene en la inflación a un componente central. El Gobierno sabe que la inflación alienta el consumo (ayudado por el financiamiento bancario), crea la ilusión de que los aumentos en los ingresos de trabajadores y jubilados son incrementos reales, y mejora la caja fiscal, licuando el gasto y aumentando la recaudación de impuestos (y la discrecionalidad en su uso). ¡El Gobierno gana con la inflación!
Bajo esta lógica, la concertación, el acuerdo tripartito, no sirve. Sería mejor entonces que este buen recurso para coordinar ingresos y precios sea usado cuando haya un gobierno que crea que no es negocio tener una de las inflaciones más altas del mundo.
* El autor es economista y asesor de Francisco de Narváez