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Beneficios navideños

Los problemas de los jubilados deberían resolverse mediante aumentos generalizados y proporcionales

El gobierno nacional realizará un pago extraordinario de 500 pesos, por una única vez, a todos los jubilados que hoy reciben regularmente hasta 1500 pesos mensuales. Este beneficio se parece, aunque esta vez con un monto nominalmente mayor, a otros otorgados en años anteriores, también en las vísperas navideñas.

El anuncio fue realizado por la Presidenta en un acto efectuado en la Casa Rosada y transmitido por la cadena nacional. La presencia de funcionarios, legisladores oficialistas y numerosos invitados de entidades afines a la conducción del Gobierno le dieron a la convocatoria un marco efusivo y laudatorio, como si la medida fuera un acto de generosidad, pero, además, personificado en la propia presidenta. El beneficio alcanzará a 4.662.000 jubilados y demandará unos 2300 millones de pesos. La consiguiente modificación presupuestaria ha sido posible en el marco de las atribuciones delegadas al Poder Ejecutivo. Se dispondrá de este dinero, como se lo hizo con otras decisiones de gasto, fuera del marco presupuestario y sin la intervención del Congreso.

No está en discusión la necesidad que tienen los jubilados de mejorar sus ingresos frente al persistente aumento de los precios. Pero en todo caso la cuestión debiera resolverse mediante un aumento generalizado y porcentual, seguramente menor como cifra en un mes, pero que no tenga la fugacidad de una única vez y que alcance a todos, no sólo a los que estén por debajo de cierto monto.

La forma elegida implica una falta de equidad, aunque pueda exponérsela como una manera de redistribuir el ingreso hacia los más necesitados. Se olvida así que los beneficios jubilatorios de cada uno se proporcionan con las sumas aportadas a lo largo de la vida laboral. Se insiste erróneamente en el camino de la igualación, lo que implicará necesariamente el desaliento al esfuerzo y al mérito de quienes ahora aportan pensando en su retiro. En alguna medida también se alienta directamente la evasión. Una política de este tipo, de claro corte populista como la practicada en los últimos años, ha llevado a que el porcentaje de los que reciben la jubilación mínima aumente desde el 27 por ciento en 2001 a alrededor del 75 por ciento en la actualidad.

El sentido demagógico de la medida no se refiere sólo al equivocado intento redistribucionista. El hecho mismo de que esta compensación extraordinaria surja como una decisión presidencial en vísperas navideñas, como si fuera un acto del príncipe, en el sentido casi literal de esta expresión, expone una concepción escasamente republicana de los actos de gobierno. Permite recordar formas perimidas que varias décadas atrás fueron empleadas para convocar masivos apoyos populares, pero que generaron hábitos sociales que hoy se siguen pagando. Nuestros gobernantes deben entender que el dinero que se gasta o se distribuye no es de sus funcionarios, sino que ha sido aportado por todos los ciudadanos a través de los impuestos. Si el veto de la ley del 82 por ciento móvil fue expuesto por el oficialismo como un acto de responsabilidad, debería preguntarse cómo se compadece ese supuesto rapto de seriedad con medidas como la que aquí comentamos.

Sábado 27 de noviembre de 2010

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