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Aprueban el proyecto que regula las prepagas

Volverá a Diputados con cambios

El Senado aprobó anoche en general y por unanimidad un proyecto de ley que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga, en medio de un arduo debate sobre el alcance de la futura norma y la autoridad que tendrá a su cargo controlar el cumplimiento de sus disposiciones.

El proyecto sufrirá modificaciones, por lo que volverá en segunda revisión a la Cámara de Diputados, que había aprobado la iniciativa a mediados de 2008. Con la sanción de ayer, la Cámara alta evitó que el texto perdiera estado parlamentario, lo que hubiese vuelto a fojas cero su trámite legislativo.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto establece que las prestaciones de las empresas de medicina prepaga no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales sindicales.

Además, impide la aplicación de "carencias" y de períodos de espera por enfermedades preexistentes al momento de contratar el servicio y permite a los usuarios rescindir la relación en cualquier momento. También, prohíbe aplicar criterios de edad para negar la afiliación y cobrar cuotas diferenciales, más costosas para los mayores de 65 años.

Todas estas cláusulas son cuestionadas por la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales, para la cual una norma de este calibre llevará a la quiebra al sector.

Si bien en el debate de ayer hubo amplio consenso sobre la necesidad de regular la actividad, se produjeron fuertes disidencias en varios artículos. Así, el oficialismo se aferró a un pedido del ministro de Salud, Juan Manzur, para eliminar de los alcances del proyecto a los servicios de medicina prepaga prestados por obras sociales (como OSDE) y por cooperativas y mutuales, ya que estarían alcanzados por otras leyes.

"No es cierto que estén regulados por otras leyes. Si queremos garantizar el derecho a la salud y proteger a los usuarios de estos sistemas, tienen que estar todos incluidos", afirmó la peronista disidente Sonia Escudero (Salta).

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, José Cano (Corrientes-UCR), justificó el proyecto al afirmar que la falta de regulación "deja a los usuarios en una total vulnerabilidad ante las decisiones que toman las empresas".

Además, cuestionó la política de salud del Poder Ejecutivo, al afirmar que "la gente recurre a la medicina prepaga por las falencias del sector público".

Por último, también hubo fuertes críticas al hecho de que la iniciativa garantice a la Secretaría de Comercio Interior, a cargo del polémico Guillermo Moreno, ser considerada autoridad de aplicación junto al Ministerio de Salud.

Gustavo Ybarra
LA NACION

Jueves 25 de noviembre de 2010

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